Delincuencia: El Problema se Agrava

La Fundación Paz Ciudadana dio a conocer hace unos días los resultados de la encuesta que realiza anualmente sobre las percepciones de la población en materia de delincuencia. Desafortunadamente, los resultados que arroja no son alentadores. En contraste con los resultados de la encuesta las estadísticas oficiales elaboradas por Carabineros de Chile, muestran una leve disminución en los delitos.

En primer lugar, la escasa disposición a denunciar. Así, tal como se aprecia en la tabla, el porcentaje de personas que señala que denuncia o ha denunciado a la policía casos de robo (con y sin violencia en la calle), varía entre el 31 y 40%, lo que al ser extrapolado significaría que si la tasa de denuncia(1) de robos en la provincia de Santiago es de 832 la de delitos sería de 2.070 o sea 2,5 veces más alta.

Un segundo factor es el aporte de los privados al combate de la delincuencia; vale decir, el costo monetario o no en que éstos incurren para tratar de resolver el problema.


Carabineros y el Combate a la Delincuencia.

Carabineros de Chile es, sin lugar a dudas, una de las instituciones claves en el combate a la delincuencia. La ciudadanía así lo entiende y espera de ellos una actitud vigilante frente al tema. En este contexto, las declaraciones de personeros de Carabineros en relación a la encuesta, ciertamente contrastan con los resultados de ésta y confunden a la ciudadanía.
En otro plano, las declaraciones en relación a la seguridad privada, no contribuyen a dar señales claras para el combate contra la delincuencia. Por el contrario, inducen al equívoco de pensar que el ejercicio de un derecho (la seguridad) requiere de un reconocimiento del Estado para ser tal. Es como si la vida, para constituir un derecho de las personas, debiera ser reconocida por el Estado. Así, cuando se señala que "Sobre esta y cualquier otra iniciativa que surja [se refiere al proyecto de ley sobre seguridad privada] es preciso señalar que no debe perderse de vista que la vigilancia privada es una concesión otorgada por el Estado a los particulares, para que desarrollen actividades que limitan con la seguridad pública. Por tal razón estas normas deben ser reguladas por el Derecho Público e interpretarse restrictivamente "
En sentido estricto, la seguridad tiene una dimensión privada y otra pública. Ello debiera ser alentado por la autoridad y no mirado con recelo.
La defensa de intereses corporativos es entendible en una empresa o servicio público cualquiera, no en Carabineros de Chile.